NO ES EL CARTEL
El pasado 12 de febrero, con motivo de la inminente campaña de matriculación escolar, las asociaciones de padres y madres de las escuelas públicas salmantinas representadas por FEDAMPA solicitaron permiso a la Dirección Provincial de Educación de Salamanca para instalar carteles en el exterior de sus centros. Estos carteles:
Huelga decir que solo se expondrían con el consentimiento de los centros, una vez consultados los equipos directivos. ¿Cuál fue la respuesta de la administración, o mejor dicho, de sus interlocutores? No se pueden poner los carteles en el exterior de los colegios. Sin más. Sin notificación escrita y sin justificación normativa.
Dicha respuesta llegó el lunes 15 transmitida presurosamente vía telefónica por parte del Director Provincial: se denegaba el permiso “por contravenir la normativa.” Ante esa respuesta, FEDAMPA solicitó que se remitiera contestación por escrito lo antes posible, incluyendo las pertinentes referencias a esa supuesta normativa, para así poder exponerla a las AMPAs que deseaban llevar a cabo esta iniciativa.
Al día siguiente, la Confederación de Federaciones de AMPAs de Castilla y León (CONFAPACAL), mostrando su sorpresa ante tal prohibición, decidió por su parte consultar el caso al Director General de Centros de la Consejería de Educación, el cual les trasladó la misma respuesta: no se pueden colocar los carteles.
En los días siguientes supimos que algunos directores de centros escolares habían recibido idéntica respuesta y que el asunto había sido trasladado a los Servicios Jurídicos de la Junta para que les informaran cómo proceder al respecto. Esto… más la insinuación a terceros de que el contenido de estos carteles responde a “intereses particulares” (sic)
Juzguen ustedes mismos.
Finalmente, el martes 2 de marzo recibimos la ansiada contestación, con fecha de registro de 24 de febrero de 2021. Lo primero que encontramos es que han leído mal el cartel, no dice “yo quiero la escuela pública”, como reza la respuesta, sino “yo amo”, verbo que descarta el interés, porque como todo el mundo sabe el amor solo existe cuando es desinteresado (a diferencia de “querer” que tiene otras connotaciones posesivas).
Acto seguido, fundamentan su negativa en una presunta violación de los principios de neutralidad y objetividad y los límites que la constitución establece para la libertad de expresión (en una interpretación, ya que estamos, poco objetiva). Cabe sorprenderse que de las cuatro sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremos en las que se basan las interpretaciones de la Constitución, dos son sobre terrorismo, una sobre un asesinato y otra sobre el “Procés” catalán. No podemos concebir que quieran comparar o asimilar nuestra solicitud con estas situaciones tan extremas. O es un error, o a alguien se le ha ido la mano…
Hacia el final de la contestación insisten en la barbaridad de clasificar la acción de las familias como intereses privados, pero esto lo comentaremos posteriormente.
Estando así las cosas, cabe preguntarse el porqué de esta reacción por parte de los representantes de la administración educativa ante esta iniciativa de las familias. Sobre todo teniendo en cuenta que no parecen existir cortapisas similares cuando se trata de promocionar otras opciones educativas financiadas con fondos públicos. Cabe preguntarse también cómo deben sentirse ante esta situación las familias que eligen la escuela pública para sus hijos.
Respecto a esto, PLATAFORMA POR LA ESCUELA PÚBLICA nos sumamos a la indignación de las familias y manifestamos lo siguiente:
Lo primero que queremos señalar es que esta movilización no es por un cartel, ni mucho menos, ni tampoco es específicamente contra la dirección provincial de Salamanca ni contra su director provincial, al que consideramos una persona dialogante y trabajadora. No restamos, pues, méritos a sus logros (los conseguidos y los que estén por venir) y, por supuesto, somos conscientes de que, más allá de sus decisiones y comunicados, debe ser prudente en sus relaciones con el resto de la administración de Castilla y León, tanto con la que está por arriba como la que está por abajo.
Pues no: no es porque no dejen a las familias poner un cartel que defiende lo que debieran defender ellos como Administración Pública y sentirse orgullosos -que también-. Ni porque se les avisara en mayo de que en septiembre tenían que tenerlo todo preparado y no lo tuvieron; ni porque no lo vayan a tener para el septiembre próximo -por si tienen dudas, la Consejería de Educación ya sabe que en septiembre no va a haber COVID, porque piensan iniciar el curso (contrataciones, matrículas) como uno más-; ni porque decidieran unilateralmente adelantar las fechas de matriculación para no aplicar la LOMLOE, perjudicando a los centros públicos; ni porque este curso hayan adelantado también las fechas para la elección de directores de centro con el mismo fin; Tampoco porque Castilla y León tenga una de las EBAU más complicadas de todo el territorio nacional, complicando el acceso a la universidad a nuestros hijos; ni porque llevemos dos o tres años con el contrato de comedores escolares prorrogado; ni porque tengan la intención de sustituir las cocinas in situ por “línea fría”; ni porque, por sistema, tarden diez o quince días en sustituir profesores; ni siquiera porque a los centros concertados les permitan casi todo lo que a la pública le está vetado, y este es un caso más que evidente, aunque no el único ni el más grave.
Tampoco es porque, cuando llegó la pandemia, saltaran todas las costuras del sistema educativo y se vieran sus muchas deficiencias, desvelando, más claramente que nunca, que los padres y madres son también profesores, cuidadores, monitores de actividades, encargados de comedor, pedagogos terapéuticos, enfermeros y hasta personal de administración y servicios. Y decimos “desvelando”, porque LAS FAMILIAS llevan siendo todo esto y más desde el principio de la edad escolar de nuestros hijos e hijas.
Por otro lado, si la escuela está derrotando a esta crisis es precisamente porque familias, equipos directivos, profesores y alumnos han demostrado que están unidos más allá de las discrepancias y las dificultades, y desde luego hay que agradecer su colaboración y mucho esfuerzo para que nuestros centros funcionen, y funcionen bien. Porque la escuela pública es patrimonio de todas las personas y familias, absolutamente de todas, incluidas de las que ahora están en la escuela concertada: es un bien común, no un interés privado ni particular, ni siquiera de un colectivo específico, como insinúa la respuesta de la Junta.
Las AMPAs no son unas entidades privadas cualesquiera; su existencia está íntima y exclusivamente ligada a los centros educativos a los que pertenecen y es la propia Ley Orgánica de Educación la que las incluye en el órgano superior de gobierno de estos centros, es decir, en el Consejo Escolar. Es más: es esa ley de educación la que insta a las administraciones educativas a fomentar “la participación de alumnado, profesorado, familias y personal de administración y servicios en los centros educativos” (LOMLOE, art. 18.3.), idea presente tanto en la LOMLOE como en la LOMCE. Hasta en 35 ocasiones aparece la palabra “familia” en la Ley Orgánica Educativa. En el preámbulo de la LOE encontramos frases como esta: “Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes”; En el artículo 119.4, “Los padres y los alumnos y alumnas podrán participar también en el funcionamiento de los centros a través de sus asociaciones.
Las Administraciones educativas favorecerán la información y la formación dirigida a ellos.”; el RD 1533/1986, la ORDEN de 20 de julio de 1995… Y podríamos seguir hasta el infinito enumerando artículos y normativas completas que así lo señalan.
Entonces… ¿Cuál es el motivo?
El motivo de nuestra indignación no es otro que el incumplimiento de la ley por parte de la administración de la Junta de Castilla y León. Los sectores de la comunidad educativa representados en esta plataforma estamos hartos de que las familias no sean tomadas en consideración en prácticamente ninguna de las decisiones que se toman respecto a nuestros centros en particular, ni respecto la administración educativa en general. En definitiva, no se les deja participar en el desarrollo de los derechos de nuestros hijos e hijas. Aunque estos problemas no son exclusivos, ni mucho menos, de la educación pública, a las familias se les trata de impedir que participen en la elección de los directores de nuestros centros; pintan poco o nada en la elección del sistema pedagógico; no pueden participar ni en la elección del tipo de comedor que atenderá a sus hijos e hijas; no pueden decidir sobre cuáles son las prioridades en materiales, instalaciones o las obras que son más necesarias… Nos tenemos que conformar con organizar actividades extraescolares o ayudar con los Planes Releo, e incluso ayudar económicamente en la adquisición de materiales o en reparaciones -para eso venimos muy bien y dar las gracias si nos resuelven alguno de los muchos problemas que nos encontramos los padres y madres todos los días.
Lo que las familias quieren es que la participación y la corresponsabilidad a la que obliga la legislación educativa se haga realidad, que no se queden en mera apariencia, como la participación en las diversas comisiones desarrolladas por la Junta de Castilla y León, prácticamente vacías de contenido y de carácter casi exclusivamente informativo.
¿Y cómo? Instrumentos ya existen, pero ¿cómo afirmar que la administración cumple con su obligación de fomentarlos y ponerlos a funcionar cuando NI SIQUIERA PERMITE A LAS FAMILIAS FORMENTAR LA ESCUELA PÚBLICA?
Tenemos a nivel provincial, por ejemplo, una Comisión de Participación Educativa que es actualmente una mera formalidad para cubrir un expediente, en la que supuestamente nos encontramos administración, familias, profesorado y alumnos. Es fácil. Dótenla de contenido y pónganla en marcha con intención de sacar algo positivo de ella.
Existen las AMPAs, sí, pero hay que otorgarles una consideración diferente, ponerlas en valor y conferirles las atribuciones para las que realmente se crearon, porque las familias forman parte de la Comunidad Educativa, y no por capricho de nadie, sino porque lo dice LA LEY, así que justo es que, como parte de del sistema educativo, participen de él y en él.
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